Las filtraciones del caso Lozoya están a la orden del día, pero, paradójicamente, cuanto más se filtra (sea desde el gobierno o desde la defensa del exdirector de Pemex), más claro queda que la distancia entre los dichos y las pruebas es muy amplia, y que algunas de esas denuncias no tienen sentido.
Lo que sí es un dato duro es que Lozoya recibió poco más de diez millones de dólares de la empresa Odebrecht, a partir de 2012. El dinero hizo un largo recorrido, pero, hasta donde alcanzan las pruebas, no fueron a alguna campaña o a otros políticos, se quedaron en sus bolsillos, en el de sus socios y en los de su familia. El propio testimonio de Luis de Meneses, gerente de Odebrecht en aquellos años, insiste en que su acuerdo fue con Lozoya y nadie más, y que sólo financiaron una campaña electoral local, en Veracruz. No habría por qué no creerle: en todos los países en los que financiaron campañas lo dijeron con todas sus letras. El único claramente involucrado sería Lozoya.
Algo similar sucede con los supuestos sobornos a diputados para la reforma energética. No tiene sentido alguno decir que se sobornó a legisladores panistas para que votaran una iniciativa que había presentado originalmente el PAN, con la que todos ellos, anayistas y calderonistas, estaban públicamente de acuerdo: ¿para qué sobornarlos si ya se sabía que votarían a favor de la iniciativa? Por lo menos hasta ahora tampoco hay pruebas de que esos sobornos se hayan realizado más que los dichos de Lozoya, mismos que tampoco habría entregado él, sino su principal operador, Froylán Gracia, un personaje con sus propias, muchas cuentas por ajustar.
En el tema de Etileno XXI, la asociación de la empresa brasileña Braskem —que es subsidiaria de Odebrecht, pero que se maneja en forma autónoma en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos— con la mexicana Idesa para la construcción de la planta no ha tenido objeción alguna. Ninguno de los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht o de Braskem en los procesos que se siguieron en Brasil y en Estados Unidos se ha referido a irregularidades en la licitación o la construcción de esa planta, el mayor complejo petroquímico que se ha construido en el país en dos décadas.
Lo que se intentaría hacer es descalificar ese proyecto, lo mismo que ha sucedido con la reforma energética, como un producto de la corrupción, para desde allí imponer el nuevo paradigma: el del regreso al monopolio estatal. Pero en el caso de Etileno XXI ni la justicia de Estados Unidos y Brasil en los procesos de Odebrecht ni aparentemente la FGR con Lozoya tienen prueba alguna de actos de corrupción en la licitación y construcción de la planta. Los que pusieron en entredicho el proyecto fueron las insuficiencias de Pemex, en la anterior administración, y la decisión política de no apoyarlo, en ésta. En todo caso, ahí es donde hay que buscar la corrupción, pero no descalificar un proyecto estratégico para la petroquímica nacional.
López-Gatell, política y vidas
No recuerdo al subsecretario López-Gatell recorriendo cotidianamente hospitales, reuniéndose con personal sanitario, escuchando sus necesidades apremiantes. Lo suyo era, hasta hace relativamente poco, un informe epidemiológico cada día más confuso en Palacio Nacional que, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una suerte de copia vespertina de la mañanera Presidencial donde el funcionario responsable de atender la mayor tragedia sanitaria que ha sufrido el país en décadas habla de todo, desde los refrescos y la comida chatarra hasta los medios de comunicación, y promete, siempre, “aplanar la curva”.
Pero últimamente hemos visto a López-Gatell de gira, lo vimos en fotos, relajado y divertido, con Adán Augusto López (el mismo gobernador que la semana pasada había confesado que “ya no podía con López-Gatell”), comiendo pejelagarto en Villahermosa, una ciudad cuyos servicios hospitalarios están saturados, declarando que no iba a renunciar “porque no se trataba de hacer política, sino de salvar vidas”. Ese mismo día, mientras López-Gatell disfrutaba su comida en Tabasco, moría en Chihuahua el secretario de salud, Jesús Enrique Grajeda, contagiado de covid-19; México se acercaba a las 45 mil defunciones, los 400 mil contagios y se informaba que en estos meses de pandemia ha habido 71 mil muertos más de lo esperado, descontando los ya diagnosticados por covid-19, los cuales, en su mayoría, bien podrían sumarse a las víctimas de la pandemia.
Me asombra la falta de sensibilidad ante la tragedia, la falta de empatía, el no ir, por ejemplo, a Tamaulipas y a Nuevo León ante los daños provocados por Hanna —daños que acrecientan de por sí la pandemia—, con hospitales como el de Reynosa, inundado y con los pacientes evacuados. ¿No amerita una visita especial que dos estados del país, con altos índices de contagiados, pierdan simultánemante, por una tragedia natural, buena parte de sus capacidades hospitalarias en plena pandemia?
